Consultas Indígenas

Puente Chacao

El objetivo de esta consulta realizada entre mayo y octubre de 2013 fue informar sobre el proyecto Puente Chacao a las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto, con la finalidad de llegar a consentimiento y consenso respecto del proyecto, ello a través de un trabajo conjunto con las comunidades. Tras cinco meses de diálogo y reuniones sistemáticas con las directivas y bases de las comunidades, se firmó un Protocolo de Acuerdo del Plan de Consulta que identifica una serie de cuestiones fundamentales para las comunidades a las que el gobierno da respuesta entre los que se encuentra el compromiso de generar espacios y oportunidades prioritarias para un aprovechamiento comercial, turístico y cultural por parte de la comunidad. También se acuerda que exista una adecuación del calendario de construcción del proyecto, respetando fechas de significación cultural importantes de la comunidad indígena (Wetripantu, Nguilatuwe, Investiduras, Funerales Mapuche-Huilliches). De acuerdo con fuentes gubernamentales, el proceso fue calificado como positivo por las comunidades en el marco de la presencia territorial del MOP en la región y su trabajo de relacionamiento previo a la consulta que le permitió entender las bases de la cosmovisión y los valores esenciales que las comunidades buscaban en el proceso de consulta. Sin embargo, organizaciones como la Asociación de Loncos Huilliche de Chiloé han pedido que se paralicen las obras y que se efectúe una consulta de acuerdo con los parámetros del Convenio 169 de la OIT. Integrantes de la Comunidad Coihuín del sector de Compu en Quellón han asegurado que nunca firmaron un documento que avalara la obra puesto que ésta afectaría de forma negativa su territorio. Otra de las críticas es que no se consultó a todas las comunidades indígenas de la isla, aspecto en el que el gobierno no coincide al considerar que se consultó a las comunidades indígenas afectadas. Estas quejas se enmarcan en otras acontecidas en el ámbito nacional que señalan deficiencias en la realización de consultas por parte del gobierno en general.

Modificación legislación forestal

El objetivo del proceso de consulta fue dar a conocer y requerir un pronunciamiento de parte de los Pueblos Indígenas sobre la propuesta de modificación y extensión de la Ley de Fomento Forestal (Decreto Ley 701 de 1974) destinada a incentivar mejores formas de manejo y protección de los bosques hacia un desarrollo sostenible del país. Entre los aspectos esenciales de la ley figuran la protección de suelos y aguas, la diversificación de la matriz energética, la provisión de servicios ambientales, la mitigación y adaptación al cambio climático y la lucha contra la desertificación. La consulta se llevó a cabo entre los meses de diciembre del 2011 a octubre de 2012. La cantidad de organizaciones participantes de la consulta a nivel nacional fue de 1.419, a las que se sumaron 80 Autoridades Tradicionales, que en forma conjunta analizaron la modificación de Ley y aportaron una lista amplia y detallada de opiniones y propuestas que fueron sistematizadas por Artículo, tema, comunidad proponente y carácter prioritario. Las propuestas fueron analizadas de acuerdo con un proceso de “aproximaciones sucesivas” bajo la consideración de que cada recomendación que se incluyera en la modificación de ley, primero requeriría de un análisis de factibilidad técnica, legal y económica, para posteriormente pasar a ser consensuada con la instancias del Poder Ejecutivo y Legislativo. Las organizaciones pidieron también que se incorporaran nuevos aspectos culturales, medioambientales, sociales tributarios y bonificaciones, etc. En atención a lo establecido en el Convenio N° 169 de la OIT respecto de “llegar a acuerdo” con los Pueblos Indígenas sobre la materia que se consulta, ello se entendió por parte de la instancia promotora como un proceso que involucraba a instancias como el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Frente a este proceso de consulta, organizaciones indígenas del país realizaron una declaración en la que afirmaban que al aplicarse el Decreto No. 124 (en relación al cual habían solicitado su derogación) no se había cumplido con los estándares del Convenio de la OIT 169. Además denunciaron la influencia de las grandes empresas forestales y su intención de expandir su dominio forestal a costa de territorios indígenas. Consideran que es necesaria una nueva legislación que garantice un equilibrio socio-ambiental, una restitución de sitios sagrados, y un nuevo enfoque de fomento forestal y pueblos indígenas en Chile. El 20 de mayo de 2015, se presentó un proyecto de ley que prorroga el Decreto de Ley 701 sobre bonificaciones para fomento forestal, al haber expirado en el 2013.

Creación del Ministerio Indígena y Consejos Indígenas

El Ministerio de Desarrollo Social decidió someter a consulta previa la propuesta de creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas y de creación del Consejo o Consejos de Pueblos. El proceso se inicia el 24 de junio de 2014 y termina el 30 y 31 de enero del 2015 con una Jornada Nacional de cierre del proceso. El proceso enfrentó inicialmente críticas por parte de algunas organizacionesque destacaron la ausencia de metodologías adecuadas e improvisación. Además, el proceso se solapó con otro proceso de consultado referido a la creación del Ministerio de Cultura llevado a cabo por el Consejo de la Cultura y las Artes (CNCA). Aparte de la confusión que se generó y la duplicación de reuniones que a veces coincidieron en el tiempo, se utilizaron metodologías diferentes. Por ejemplo, en el proceso de creación del Ministerio de Cultura se incluyó a los afrodescendientes chilenos, lo cual no ocurrió en el proceso de creación del Ministerio y Consejos Indígenas. También existió oposición en cuanto a la aplicación del Decreto Supremo 66, por no ajustarse a los estándares de la normativa internacional. En muchas reuniones celebradas se solicitó la derogación del Decreto Supremo No. 66 del Ministerio de Desarrollo Social y el 40 del Ministerio de Medio Ambiente. Las distintas fases del proceso fueron modificadas de acuerdo con las circunstancias específicas de cada región. Pero el INDH constató con preocupación que en el caso de la Región Metropolitana el proceso no concluyó y no fue posible obtener un resultado final del diálogo. Asociaciones como la Kallfulican, Llug-Kym Hue-Harria y Asociación Mapuche Kiñe Pu Liwen de esta región solicitaron una prórroga. Un aspecto esencial observado por el INDH es proporcionar medios a los pueblos indígenas que “garanticen la generación de un plano de igualdad” . Mientras las Secretarías Ministeriales de Desarrollo Social y el Ministerio contaron con apoyos técnicos importantes (secretarias, abogados/as y otros profesionales) los representantes indígenas carecieron, al menos en la reunión final, de toda asistencia o asesoría. Como resultado de la consulta se lograron varios acuerdos, por ejemplo: el acuerdo nacional sobre la medida creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo y los Consejos Indígenas; que el Ministerio esté a cargo de llevar un Registro de las Autoridades Tradicionales siempre y cuando el pueblo en cuestión así lo solicite; o que exista un órgano encargado del desarrollo de los procesos de consulta y participación de los pueblos indígenas dependiente del Ministerio de Pueblos Indígenas. Asimismo, Se acordó la creación de una Comisión de Seguimiento conformada por representantes de cada pueblo indígena para velar por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Creación del Ministerio de Cultura

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) desarrolló encuentros con representantes de los nueve pueblos originarios y de la comunidad de afro-descendientes de la región de Arica y Parinacota, para conocer sus aportes al anteproyecto de ley que creará el Ministerio de Cultura. El CNCA decidió someter a consulta previa el proyecto de ley de creación del Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio. El proceso comenzó el 28 de septiembre de 2014 y culminó con un Encuentro Nacional el 21 y 22 de marzo de 2015. Fueron objeto de consulta las siguientes cuestiones: la representación de los pueblos indígenas en el nuevo ministerio; los objetivos de esta institucionalidad respecto del reconocimiento, valoración y respeto de la diversidad cultural y de la interculturalidad, y la definición, valoración y protección del patrimonio, forman parte de la agenda temática de este proceso de consulta previa, que se desarrollará en las 15 regiones de Chile. Un aspecto del proceso llevado a cabo por el CNCA, que lo distingue de cualquier otro esfuerzo realizado por el Estado en materia de consulta hasta el momento, es que por primera vez se convoca a la consulta previa a la comunidad afro-descendiente chilena. De acuerdo con el CNCA, en Arica-Parinacota participaron 172 personas de origen afrodescendiente de un total de 715 participes, lo que representa un 24,2% del total de personas asistentes a la consulta previa en esa región. 45 organizaciones afrodescendientes participaron representando un 26,2% del total de organizaciones. En un encuentro de marzo del 2015, dirigentes indígenas solicitaron formalmente la exclusión de los/as representantes y organizaciones afrodescendientes del proceso. A juicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que actúo como observador, esta oposición se debió a que los representantes indígenas ignoraban los estándares internacionales y lo estipulado en el Convenio 169. Otro actor que participó fue la comunidad de los descendientes del pueblo Chango que no se encuentran reconocidos en la legislación nacional. La convocatoria del CNCA se llevó a cabo en paralelo al proceso de consulta liderado por el Ministerio de Desarrollo Social referido a la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas. El INDH ha señalado al respecto que la confluencia de ambos procesos generó confusión en la información y descoordinación, así como una sobrecarga de trabajo a los dirigentes indígenas. El espacio de consulta abierto propició que se expresaran un conjunto de preocupaciones que excedían el propósito de la consulta. El INDH advirtió la baja participación y consideró la importancia de que los pueblos indígenas realizar el mayor esfuerzo posible por definir sus instituciones representativas a fin de mejorar las condiciones que aseguren su participación en procesos futuros.

Tunel de Aguaragüe, Bolivia

En agosto de 2015 la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) logró el visto bueno de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) para realizar el estudio de construcción del túnel del Aguaragüe que debe conectar Caraparí con Yacuiba. Se trataba de asfaltar la carretera Monteagudo-Ipati de 96 kilómetros, que pasaba por los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, y unir Yacuiba con Caraparí. Así, el proyecto incluía la construcción de lo que sería el túnel más largo de Bolivia, de 1.260 metros, a través del cerro Incahuasi en el que habitan varias comunidades guaraníes y campesinas. La carretera fue paralizada en el 2008 a falta de la licencia ambiental y en respuesta a las observaciones de la APG. La ABC Tarija afirmó que estaba prevista una consulta previa para ver si la zona pertenecía a territorio indígena y determinar si era necesaria la consulta a la asamblea guaraní. En Mayo de 2013 las comunidades de las TCO Itikaraparirenda y Alto Parapetí pidieron que se respetaran sus derechos antes de iniciar la construcción de un túnel. Alegaron que habían existido presiones por parte de funcionarios para que firmaran documentos sobre un proyecto que aún no conocían. Por ello, las comunidades guaraníes afectadas exigieron que la consulta pública fuera invalidada. El pueblo guaraní se oponía al túnel por los potenciales daños al ecosistema, principalmente a los afluentes de agua de los que se abastece y que ya se ven afectados por los proyectos de extracción de crudo que existen en la zona. También se temía que las obras afectarían el Incahuasi, un área sagrada para ellos, así como sus costumbres y formas de vida. El pueblo guaraní ya había sido consultado sobre proyectos de hidrocarburos que, a su juicio, habían sido más participativos aunque luego no se vieron beneficiados de sus resultados a largo plazo. En mayo del 2014, se convocó una reunión con la APG en Capari para desbloquear el proceso. Finalmente, en agosto 2015 el pueblo Guaraní representado por las capitanías comunales y el Capitán Grande se reunieron con la ABC y firmaron un acta para la construcción del túnel del Aguaragüe. La ABC manifesto que está dispuesta a cumplir las leyes y socializar los proyectos. La APG por su parte no opondría al desarrollo vial y el desarrollo del Departamento siempre y cuando se realice una evaluación ambiental, se respeten sus derechos y no se afecten los recursos hídricos. La ABC y la APG procedieron a firmar el convenio donde ambas partes trabajarían de forma coordinada. Con este convenio, la ABC iniciaría el estudio Técnico Económico Social y Ambiental (TESA) para obtener la ficha ambiental.

Itika Guazu, Bolivia

Después de 2 años de negociaciones, el Ministerio de Hidrocarburos y Energia (MHE) y la APG Itika Guazu (APG-IG) firmaron un acta de validación el 15 de febrero de 2012 para realizar una consulta y continuar con el trámite de licencia ambiental en relación a la ampliación del gasoducto Villamontes-Tarija (GVT). En un principio, YPFB afirmó que los dirigentes indígenas habían malinterpretando el principio de la consulta puesto que consideraban que antes de realizarla y obtener la licencia ambiental, YPFB debía pagar una “compensación” de USD 20 millones. Los dirigentes indígenas, por su parte, alegaron que el ejecutivo pretendía ignorar la consulta previa. El 13 de abril de 2015, el directorio de la TCO Itika Guazu solicitó iniciar el proceso de consulta del 21 al 24 de abril en el municipio de Entre Ríos del Departamento de Tarija y a finales del mes se obtiene la conformidad de las 38 comunidades guaraníes a la ejecución del proyecto “Exploración Sísmica 2D Huacareta Área Centro” a través de la firma del Acta de Validación de Acuerdos. El Presidente del Pueblo Guaraní destacó la importancia de la consulta para la unión y la cohesión del pueblo guaraní. El proceso de consulta se realizó también en relación al área Huacareta Norte, ubicada entre Chuquisaca y Tarija (O’connor) y Huacareta Sur. En febrero del 2016, el presidente del Consejo Continental de la Nación Guaraní afirmó que las 35 comunidades indígenas desconocen y rechazan el acuerdo firmado en 2015 porque fueron obligados. Durante el mes de noviembre del 2015, British Gas Bolivia instaló su campamento de operaciones ante lo cual los campesinos mostraron su malestar por la falta de socialización y desacuerdo por la compensación por daños ambientales. Estos desacuerdos se producen en medio de una pugna por la directiva de la APG-IG que se viene produciendo desde el 2014 y que desencadenó la expulsión de la ONG de derechos humanos Equipo Nizkor. Anteriormente la APG-IG había mantenido una larga controversia con la entonces empresa hispano–argentina REPSOL YPF. En el 2010 firmaron un Acuerdo de Amistad y Cooperación que puso fin a unas negociaciones que se hallaban suspendidas desde 2006. Los dirigentes guaraníes consideraron que REPSOL YPF debía pagar una indemnización por los daños económico-sociales, ambientales y culturales que había provocado desde 1997. Finalmente, se acordó la creación de un Fondo de Inversión Itika Guazu por USD 14.8 millones cuya existencia aseguraron desconocer durante un tiempo los representantes de YPFB.

Exploración 2D Campos, Bloque San Isidro

El proyecto "Exploración sísmica 2D Campos Tacobo y Tajibo, Bloque San Isidro" precisó de un proceso de consulta con el pueblo guaraní en la TCO Charagua Norte, Alto Isoso y Bajo Isoso. El proyecto de exploración sísmica, a cargo de la empresa Pluspetrol Bolivia, está ubicado en la provincia Cordillera, Municipio Charagua del departamento de Santa Cruz, afectando dos TCO’s (Charagua Norte e Isoso) y un territorio campesino al norte de la TCO Charagua Norte. El 90% de las líneas sísmicas (total 20) se encuentran ubicadas dentro de la TCO Charagua Norte y el restante 10% en las TCO Isoso. El proceso de consulta se llevó a cabo entre diciembre del 2009 y junio del 2010 de acuerdo con metodologías acordes con el pueblo guaraní. La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) pidió que el proceso fuera más inclusivo y se proporcionara mayor información. Ante ello, la autoridad estatal competente aumentó el presupuesto previsto, prolongó el plazo e integró expertos locales que contribuyeron a identificar los impactos ecológicos y sociales y las medidas de mitigación. La información respecto a la prevención y mitigación ambiental hubo de ser ampliada. Entre ellas se encuentran varias observaciones sobre la protección del aire, el agua y la flora y fauna. Por ejemplo, Pluspetrol debería entregar informes mensuales de monitoreo de las emisiones de gases contaminantes a la APG, un cronograma de traslado de los residuos y un estudio sobre la fauna y flora silvestre en la zona. Se identificó un sitio sagrado que debe permanecer intacto con el proyecto. El acuerdo también establece que el uso de agua de la empresa debe limitarse a un determinado manantial de agua. Se decidió que una línea sísmica del proyecto de exploración debía desplazarse en 500 metros para minimizar los impactos negativos. La empresa debería contratar mano de obra local. La APG acordó además con la empresa el pago de indemnizaciones por un monto de USD 100.000 por los daños producidos por el proyecto previstos a largo plazo en el territorio. De acuerdo con algunos observadores (CEJIS), la consulta es que sirvió para fortalecer políticamente a la organización de Charagua Norte. El mes de agosto de 2012, los representantes de la Capitanía guaraní TCO Charagua Norte y Pluspetrol lograron también un acuerdo para concluir el saneamiento en el predio denominado Capirenda - Pluspetrol de aproximadamente 2.424 hectáreas, sobre el cual existía una larga controversia de 11 años.

TIPNIS

El proyecto de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que comenzó el año 2010 contemplaba una extensión de 306 kilómetros atravesando el territorio indígena y parque nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). En agosto del 2011 los indígenas del TIPNIS iniciaron una marcha para expresar su rechazo y una serie de protestas con gran repercusión a nivel nacional e internacional. En octubre del 2011, se aprobó la Ley 180 de protección del TIPNIS y en febrero la Ley 222 que convoca a la consulta a los indígenas del TIPNIS. Entre el 29 de julio y el 7 de diciembre del 2012 el gobierno lleva a cabo el proceso de consulta con las comunidades del TIPNIS que quedó documentado por el Ministerio de Obras Públicas en un informe con los antecedentes, las bases legales, el registro y los resultados de los cabildos. Se detalla la participación de 69 comunidades y la aceptación de 58 de ellas. El informe también deja constancia de las tensiones en las comunidades afirmando que algunas resolvieron sus diferencias a partir de la deliberación interna y otras fueron ‘“secuestradas” por la presión de sus dirigentes y por activistas externos al TIPNIS.’ El proceso fue también analizado por varias organizaciones sociales como la Comisión Interinstitucional, conformada por la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) que documentaron denuncias como la falta de un estudio de impacto ambiental, los acuerdos con dirigentes comunitarios a cambio de compensaciones y actos de intimidación. El informe de la APDHB concluye que 30 de las 36 comunidades visitadas habrían expresado su rechazo a la carretera. Las obras se paralizaron en 2012 a la espera de los resultados de la consulta y se canceló el crédito de 332 millones de dólares concedido por Brasil. Pero el gobierno afirmó en el 2015 que la carretera se construiría más tarde o más temprano de acuerdo con el resultado de la consulta.

Lliquimuni

En Abril del 2008 el Bloque 32 o Lliquimuni en la Amazonía del Norte de La Paz fue adjudicado a Petroandina, un consorcio de YPFB y PDVSA. Los estudios de exploración sísmica 2D se desarrollaron entre el 2008 y el 2010. El presidente de YPB anunció el hallazgo de 1 trillón de pies cúbicos (TCF) de gas y 50 millones de barriles de petróleo. El 15 de julio de 2009, los pobladores de la comunidad Mosetén de Simay paralizaron las actividades de Petroandina como protesta. Pidieron que el Ministro y el Defensor del Pueblo estuvieran presentes en el proceso y protegieran sus derechos frente a PetroAndina. Se denunciaron irregularidades en el proceso de consulta puesto que las autoridades gubernamentales contactaron directamente a los dirigentes Mosetenes para obtener su apoyo en lugar de respetar los procedimientos de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM) causando una fuerte división en las comunidades. En relación a la fase II del proyecto se advirtió que era necesario obtener un nuevo EEIA y realizar una nueva consulta. Para cuando el proyecto obtiene la licencia ambiental para la fase 2 en mayo de 2009 la exploración sísmica 2D en el Bloque Lliquimuni, según declaraciones de las autoridades, ya había avanzado un 45%. El informe de la consulta no incluye la identificación del impacto socioambiental ni medidas de mitigación y prevención. En cambio, se identifica un número de obras sociales para la comunidad. En el 2014 se anunció el inicio de la perforación del pozo Lliquimuni y la construcción de una carretera de acceso. Representantes sociales afirmaron que no se realizó una consulta debida puesto que no permitieron a los pueblos organizarse y deliberar sobre el proyectos. En un estudio elaborado por CEJIS se afirma que las comunidades no tenían información sobre el EEIA y la empresa no conocía la extensión del territorio colectivo ni las actividades productivas de las comunidades. Las personas indígenas contratadas para el monitoreo sirvieron como guías para facilitar las operaciones de la empresa en la zona. Según la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) la organización OPIM y las comunidades Mosetenes que la conforman se encuentran muy divididas y el conflicto amenaza su pervivencia cultural. El bloque Lliquimuni se encuentra cerca del Parque Nacional Madidi y el Parque Pilón Lajas. Las comunidades Mosetén participaron en la coalición contra la carretera que atravesaría el parque TIPNIS. El presidente Evo Morales inauguró en marzo del 2015 los trabajos de perforación del pozo de Lliquimuni afirmando que los procesos de consulta están reconocidos en la Constitución pero que es necesaria la unidad y la colaboración para una obtención ágil de las licencias ambientales. En diciembre de 2015, el presidente de YPFB anticipó que los resultados de la perforación exploratoria del pozo se conocerán en marzo del 2016.

Proyecto Aurora

El proyecto de exploración minera Aurora implica el desarrollo de actividades mineras de cobre en una extensión de 400 Ha. ubicadas en la provincia de Calca en Cusco. El área del proyecto se encuentra dentro del área superficial de la comunidad campesina de Parobamba que es habitada por ciudadanos quechuas. La entidad promotora de este proceso de consulta es el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Mediante Resolución Ministerial N° 362-2015-MEM/DM, se autorizó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, del MINEM, implementar los procesos de consulta previa. La comunidad campesina de Parobamba firmó un Acta de Evaluación interna el 11 de octubre del 2015 en la que indicó estar de acuerdo con el inicio de actividades de exploración del proyecto de exploración minera Aurora y solicitó que se respeten los derechos colectivos, se respete el medio ambiente, se controlen las actividades del proyecto y se informe sobre estas a la comunidad. Organizaciones como el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) afirmaron que este proyecto ya tenía otorgadas las concesiones necesarias y el Estudio de Impacto Ambiental sin haberse realizado realmente una consulta previa.

Lote 192

Este caso es emblemático porque fue el primer lote donde el gobierno anunció que se realizaría una consulta. Es también un caso complejo con más de 40 años de conflicto, pasivos ambientales y extrema pobreza. De este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional. Las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en la selva loretana, conviven desde los años setenta con la exploración y explotación petrolífera, inicialmente bajo la compañía Occidental Petroleum Corporation of Perú (Oxy) y, desde el año 2000 ,por Pluspetrol. El contrato de Pluspetrol vencía en agosto del 2015 en agosto de este año y para esa fecha ya debería haberse celebrado la consulta. En el año 2013 se declaró la emergencia ambiental de la cuenca del río Pastaza y un grupo de indígenas tomó parte de las instalaciones de Pluspetrol denunciando que el agua potable había sido contaminada. En mayo del 2014 se realizó la formación de la Comisión Multisectorial que tuvo como objetivo buscar consensos en temas de salud, de remediación ambiental e indemnización, y de titulación y compensación por uso de tierras. El 10 de marzo del 2015 se logra suscribir un acta entre el gobierno y los pueblos indígenas sobre 4 temas: i) desarrollo integral e intercultural; ii) remediación ambiental; iii) titulación de tierras; y iv) licitación del Lote 192, consulta previa y participación ciudadana. Las comunidades han demandado al Estado el cumplimiento de cinco demandas mínimas (como la remediación de la contaminación o indemnización, entre otras) y exigen el cumplimiento de ellas antes de empezar la consulta previa y proceder a otra licitación. El 30 de agosto de 2015 se suscribe el contrato de servicios temporal para la explotación de hidrocarburos en el Lote 192 entre PERUPETRO y la empresa Pacific Stratus Energy del Perú S.A. El proceso de consulta se inició el 23 de mayo de 2015 y finalizó el 29 de agosto de ese mismo año. Quienes no suscribieron la consulta criticaron que la oposición de la comunidad no fuera vinculante y que se diera por concluido el proceso de forma unilateral. En una carta al Presidente de 21 de agosto de 2015 las organizaciones indígenas denuncian que se han cumplido principios como la buena fe, un marco temporal suficiente y un enfoque intercultural, pero reiteran su disposición al diálogo.

Ucayali, Lote 169

El Ministerio de Minas y Energía emitió una Resolución Ministerial N° 350-2012-MEM/DM de julio de 2012, según la cual el procedimiento administrativo objeto de consulta en hidrocarburos es el Decreto Supremo que aprueba la suscripción de contratos de exploración y explotación de lotes petroleros y gasíferos, en el Lote 169 que los distritos de Yurúa y Tahuanía, provincia de Atalaya, y en el distrito de Iparía, provincia de Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali. En los mencionados territorios se identificó la presencia de los pueblos indígenas amahuaca, asháninka, ashéninka y yaminahua, asentados en 17 comunidades nativas. La empresa pública peruana PERUPETRO, S.A. llevó a cabo un proceso de consulta con los pueblos indígenas Asháninka, Ashéninka, Yaminahua y Amahuaca sobre la contratación de la exploración y la explotación del Lote 169 que ocupa 491,892 hectáreas de la región de Ucayali, situado en la parte central de la zona oriental del Perú. El proceso comenzó el 18 de junio de 2013 y culminó con la firma de un Acta de Acuerdo el 30 de diciembre de 2013. En este acuerdo PERUPETRO se compromete a una serie de medidas relacionadas con la protección del medio ambiente con la participación de representantes indígenas en algunos comités de seguimiento, la preferencia a la contratación de personal indígena, y la información periódica relativa a la implementación del contrato. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ha subrayado que la consulta se realizó antes de que se determinaran aspectos esenciales del proyecto como los métodos de exploración y la magnitud de sus impactos. Por otra parte, los acuerdos alcanzados son inadecuados porque no incluyen, entre otros aspectos, mecanismos para la mitigación de los impactos y para la participación efectiva de los pueblos indígenas en el desarrollo del proyecto y en los beneficios que eventualmente genere.

Consulta sobre normativa forestal

El 21 de julio de 2011, el Congreso de la República promulgó la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Desde octubre del 2014 hasta el 17 de marzo de 2015, se realizó un proceso de consulta con los pueblos indígenas sobre el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS). La Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (en la actualidad Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR) coordinó el proceso colaborando con el Viceministerio de Interculturalidad (VMI), para llevar a cabo una serie de talleres con funcionarios de la entidad promotora, así como miembros de las organizaciones representativas de pueblos indígenas u originarios. Una de las novedades de la nueva legislación forestal es que se incorpora la posibilidad de que las comunidades campesinas indígenas también puedan aprovechar el potencial del bosque. De acuerdo con fuentes como Servindi, las organizaciones indígenas que participaron del proceso calificaron el mismo de “ejercicio positivo” y solicitaron repetir la experiencia con sectores como Energía y Minas. Sin embargo, las organizaciones siguen temiendo que se dejen las puertas abiertas a otros actores externos como las grandes empresas que operan en el sector de la madera o la palma de aceite. En cualquier caso, se espera que esta nueva reglamentación sirva para que los propios pueblos indígenas puedan manejar sus bosques de forma sostenible y participativa. El proceso de diálogo comenzado puede servir para resolver otros temas pendientes de gran importancia, como la cuestión de la titulación de las tierras.

Zona Reservada de Sierra Divisor

La Zona Reservada Sierra del Divisor fue declarada como tal en el 2006 por el Instituto Nacional de Áreas Naturales (INRENA) con una extensión de 1.478.311,39 hectáreas en los departamentos de Ucayali y Loreto en la frontera con Brasil. Se plantearon problemas derivados del conflicto de intereses por las diferentes partes del proceso y la descoordinación de las distintas instituciones de los Estados peruano y brasileño que proponían la construcción de una carretera binacional y seguían otorgando licencias para la explotación de hidrocarburos. En el 2011, la SERNANP propuso la categorización como Parque Nacional y, con ello, la prohibición de extraer recursos naturales salvo la explotación por las poblaciones locales con fines de subsistencia. En las reuniones preparatorias para la consulta, SERNANP realizó la presentación de la propuesta de categorización. La consulta se llevó a cabo con la presencia de los representantes de las poblaciones indígenas y sus respectivas comunidades. Las comunidades indígenas estuvieron de acuerdo con la propuesta de Categorización de la Zona Reservada Sierra del Divisor como Parque Nacional, a excepción de la comunidad de Lobo Santa Rocino al considerar que no se respetarían sus costumbres ancestrales. Entre los acuerdos logrados se acordó mantener el nombre de Zona Reservada Sierra del Divisor y respetar las costumbres ancestrales de cada pueblo indígena implicado. Finalmente, el 9 de noviembre de 2015, Perú aprueba el Decreto Supremo que crea el Parque Nacional Sierra Divisor, convirtiéndose en el tercer parque más grande del país. Actualmente diversas organizaciones buscan que la Zona Reservada Yaguas obtenga también la denominación de Parque Nacional.

Huánuco, Lote 195

El 29 y 30 de abril de 2014, se desarrolló la Etapa de Diálogo del segundo proceso de Consulta en hidrocarburos, impulsado por PERUPETRO S.A. con los pueblos indígenas Kakataibo y Shipibo-Konibo, para el Lote 195 (ubicado en Ucayali y Huánuco). El proceso permitió alcanzar varios acuerdos: (i) PERUPETRO S.A. revisará y mejorará la Cláusula Décimo Tercera (Protección Ambiental y Relaciones Comunitarias) del Contrato de Licencia Modelo, a fin de que esta pueda asegurar la protección de los derechos de los pueblos indígenas, dicha cláusula tendría que estar ya incorporada en el Contrato de Licencia Modelo durante la ronda de Licitaciones que incluya el Lote 195; (ii) se hace explícita la participación de los pueblos y sus organizaciones indígenas en las reuniones del Comité de Supervisión del Contrato de Licencia, a las que serían convocados; y (iii) se promoverá el Monitoreo Ambiental Comunitario independiente con la intervención de las comunidades y sus organizaciones indígenas. Además, se incorporaron cláusulas en el Contrato de Licencia sobre protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Caso Cañaris

La empresa canadiense Candente Copper obtuvo una concesión en el 2001 sobre una parte de las tierras de la comunidad de Cañaris para desarrollar un proyecto de minería polimetálica de cobre, oro y plata. Ni la comunidad de San Juan Bautista ni la población fueron consultadas oficialmente por el Estado antes de que se otorgara esta concesión. Durante los primeros años la relación entre la comunidad y la empresa fue positiva y muchos habitantes fueron contratados para trabajar en el proyecto. Pero desde el año 2005 comenzaron las quejas debidas a las condiciones de trabajo. Después de que se aprobara la ley de consulta de 2011, la comunidad reclamó que se realizara un proceso de consulta pero la empresa y el Ministerio de Minas y Energías se negaron alegando que la ley no se podía aplicar con retroactividad. Desde diciembre del 2012, la comunidad campesina de San Juan de Cañaris muestra su rechazo al proyecto minero Cañariaco. En febrero del 2013 El defensor del Pueblo, Eduardo Luna Vega, solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) efectuar la consulta previa en la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris y cumplir con la Ley de la Inversión Privada; respecto al proyecto minero Cañariaco que se desarrolla en la zona. En julio del 2012, se convocó una Consulta Comunal (o autoconsulta) por la propia comunidad y con sus recursos, de acuerdo con el Estatuto Comunal. Los resultados de la Consulta Comunal no son aceptados por la empresa Candente Copper puesto que considera que no se ha realizado de acuerdo a las leyes de las comunidades campesinas y nativas, Ley 24656 y que la consulta no es legalmente vinculante. Al no reconocerse los resultados de esta consulta por las autoridades competentes, se inició una acción colectiva de protesta que resultó en la toma de una carretera y en el enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado.

Loreto, Lote 192

Este caso es emblemático porque fue el primer lote donde el gobierno anunció que se realizaría una consulta. Es también un caso complejo con más de 40 años de conflicto, pasivos ambientales y extrema pobreza. De este lote se extrae el 11,7% del crudo nacional. Las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en la selva loretana, conviven desde los años setenta con la exploración y explotación petrolífera, inicialmente bajo la compañía Occidental Petroleum Corporation of Perú (Oxy) y, desde el año 2000 ,por Pluspetrol. El contrato de Pluspetrol vencía en agosto del 2015 en agosto de este año y para esa fecha ya debería haberse celebrado la consulta. En el año 2013 se declaró la emergencia ambiental de la cuenca del río Pastaza y un grupo de indígenas tomó parte de las instalaciones de Pluspetrol denunciando que el agua potable había sido contaminada. En mayo del 2014 se realizó la formación de la Comisión Multisectorial que tuvo como objetivo buscar consensos en temas de salud, de remediación ambiental e indemnización, y de titulación y compensación por uso de tierras. El 10 de marzo del 2015 se logra suscribir un acta entre el gobierno y los pueblos indígenas sobre 4 temas: i) desarrollo integral e intercultural; ii) remediación ambiental; iii) titulación de tierras; y iv) licitación del Lote 192, consulta previa y participación ciudadana. Las comunidades han demandado al Estado el cumplimiento de cinco demandas mínimas (como la remediación de la contaminación o indemnización, entre otras) y exigen el cumplimiento de ellas antes de empezar la consulta previa y proceder a otra licitación. El 30 de agosto de 2015 se suscribe el contrato de servicios temporal para la explotación de hidrocarburos en el Lote 192 entre PERUPETRO y la empresa Pacific Stratus Energy del Perú S.A. El proceso de consulta se inició el 23 de mayo de 2015 y finalizó el 29 de agosto de ese mismo año. Quienes no suscribieron la consulta criticaron que la oposición de la comunidad no fuera vinculante y que se diera por concluido el proceso de forma unilateral. Los representantes indígenas afirman que no se puede avanzar con el proceso de licitación ni consulta sobre el Lote 192 hasta que no se definan los contenidos y resultados esperados. Los mecanismos de remedio por el daño ambiental es uno de los puntos que más preocupa a las comunidades. Tras ampliar los términos de la consulta, se interrumpe el proceso de diálogo con una parte importante de las comunidades del Corrientes, Pastaza y Tigre (Loreto), llegando a establecer acuerdos con solo un sector de ellas. Según las organizaciones sociales, uno de los escollos fue que el Ministerio de Energía y Minas concentró la agenda del diálogo en un solo punto: el de otorgamiento de beneficios, con una propuesta (0,75% de la producción fiscalizada). En una carta al Presidente de 21 de agosto de 2015, las organizaciones indígenas denuncian que no se han cumplido principios como la buena fe, un marco temporal suficiente y un enfoque intercultural, pero reiteran su disposición al diálogo.

Área de Conservación Regional Maijuna-Kichwa, Loreto

Este fue el primer proceso de consulta formal realizado en el país y tuvo como objetivo los aspectos relativos a la creación del Área de Conservación Regional Maijuna-Kichwa, abarcando alrededor de 390,000 hectáreas de la selva amazónica en la región de Loreto. La consulta fue promovida por el Gobierno Regional de Loreto a petición de los propios pueblos indígenas que solicitaron al Estado ayuda para prevenir la extracción de recursos de sus tierras. Fueron los propios Maijuna los que realizaron un proceso de inventario y diálogo con distintos actores locales y regionales para formular una propuesta específica que enviaron al Servicio Nacional de Parques del Ministerio. Cuando el Ministerio recibió la propuesta comunicó a los Maijuna que era necesario realizar un proceso de consulta formal en el territorio a pesar de que los Maijuna ya habían trabajado durante años en un documento que ellos consideraban propio y consensuado. El proceso duró tres meses. En ese tiempo se identificó la medida administrativa –la calificación de la zona como área de conservación–, se determinaron los pueblos cuyos derechos podrían estar en peligro, se realizaron talleres informativos y la etapa de diálogo, que terminó con varios acuerdos, uno de los cuales fue conservar la trocha carrozable de la vía Napo-Putumayo y someter a consulta la posibilidad de construir una carretera en esa vía. El expediente estableció que no se concederían derechos de explotación de minerales o de hidrocarburos en esta área. Mientras la creación del área no se aprobaba se generó preocupación entre los pueblos indígenas temiendo que pudieran existir otros intereses que obstaculizarían el proceso. Finalmente se aprobó el establecimiento del Área de Conservación Regional por Decreto Supremo No. 008-2015-MINAM, el 17 de junio de 2015.

Páramo de Kimsacocha

El 21 de noviembre del 2001 el Estado ecuatoriano otorgó a la empresa canadiense Iamgold la concesión para la explotación minera dentro del territorio perteneciente a los cantones de Cuenca, Girón y San Fernando (Provincia de Azuay) sin el consentimiento de la población. Una década después, el 2 de octubre de 2011, las comunidades parroquiales de Tarqui y Victoria del Portete pertenecientes al Cantón de Cuenca, decidieron poner en marcha una consulta propia frente al proyecto de extracción de oro en el Páramo de Quimsacocha. De los 1,500 registrados 1,037 asistieron a la consulta. El 92.38% rechazó la actividad minera, el 4.53% optó por aceptarla, 1.73% de los votos fueron votos en blanco, y el 1.35% fueron votos nulos. Este proceso de consulta generó el rechazo de las autoridades ecuatorianas que mantenían que solo el Estado es competente para realizar procesos de consulta. Las comunidades indígenas se acogieron a los preceptos constitucionales y solicitaron la convocatoria a consulta popular mediante una petición al Consejo Nacional Electoral (CNE). El CNE entregó dicho formulario el 29 de enero de 2015 y 1 de marzo de ese mismo año comenzó la recolección de firmas cuyo plazo finalizaría el 29 de julio. Para la entrega al CNE se deberán presentar el 10% de las firmas del padrón electoral de Girón. Existen dos peticiones de consulta popular a favor y en contra de la extracción minera en la zona. El mes de septiembre del 2015 el Consejo Nacional Electoral declaró que el colectivo Unidos por el Desarrollo que está a favor del proyecto minero alcanzó el 10% de firmas del registro electoral de los cantones Girón y San Fernando. La Corte Constitucional habrá de dirimir esta cuestión.

13 campos de la XI Ronda Petrolera de la Amazonía Suroriente

La consulta se realizó en el 2012, por parte de la Secretaría de Hidrocarburos, con el objetivo de licitar 13 campos de la XI Ronda Petrolera de la Amazonía Suroriente ubicados en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, que abarca 3,6 millones de hectáreas y que incluye los territorios de 7 nacionalidades indígenas. Esta consulta al igual que las anteriores presentó rechazo por parte de varias comunidades indígenas y causo álgidos conflictos sociales entre las organizaciones sociales y el Estado por el incumplimiento de parámetros internacionales y constitucionales del derecho a la consulta previa, libre e informada.

Bloques 20 y 29

La primera consulta fue realizada luego de la aprobación del Reglamento de consulta previa para actividades hidrocarburíferas en 2002, con el objetivo de licitar los bloques petroleros 20 y 29 localizados en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza, específicamente en 6 cantones. Este proceso lo realizó el Estado ecuatoriano por medio de la empresa Petroecuador, con el apoyo de la Universidad Politécnica Salesiana, entre los meses de agosto a diciembre de 2003 (García, 2012: 4). En este proceso se pronunciaron 263 comunidades, de las cuales cerca del 90% apoyaron el proceso de licitación. El apoyo mayoritario estuvo condicionado a la creación de un sistema de gestión ambiental, el uso de tecnologías limpias durante la exploración, explotación, transporte y comercialización del crudo y la destinación de un porcentaje del total de inversión para la creación de un fondo de compensación colectivo para un plan global de desarrollo regional. El proceso de consulta reflejó dificultades en la información proporcionada a las comunidades por parte de la empresa, el tiempo previsto para el proceso fue solo de 60 días y la mayor parte de la información no fue transmitida en lengua kichwa. El proceso fue más informativo que consultivo.

Licitación de las actividades hidrocarburíferas en los campos marginales: Frontera-Tapi-Tetete, Eno-ron, Puma y Armadillo.

La consulta se realizó en el 2005, por parte de la empresa estatal Petroproducción (filial de Petroecuador) con el objetivo de licitar los campos marginales: Frontera-TapiTetete, Eno-ron, Puma y Armadillo, en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Estas zonas pertenecen al territorio de las nacionalidades indígenas Secoya, Siona, Waorani, Cofán y Kichwa. En este proceso se produjeron conflictos socio-ambientales por parte de la población en respuesta a la política extractiva del gobierno.

Mesa de Concertación, PND 2014-2018

Mediante el Decreto 1397 de 1996, el gobierno y las organizaciones indígenas acordaron la creación de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas (MPC). En el 2005, el Ministerio del Interior facultó la Mesa Regional Amazónica como espacio de concertación adicional para favorecer el diálogo. La MPC reviste especial importancia en tanto que sirve de espacio para los procesos de consulta previa legislativa, así como acciones relacionadas con programas y proyectos. Entre septiembre y noviembre del 2014, las organizaciones indígenas y el gobierno concertaron la ruta de la consulta previa en la MPC identificando los acuerdos no cumplidos bajo la vigencia del PND 2011-2014. El Departamento Nacional de Planeación trasladó $ 6,000 millones al Ministerio del Interior para firmar convenios con las 5 organizaciones de la MPC (ONIC, OPIAC, AICO, CIT y Autoridades Mayores) para la realización de consultas en los territorios. Las organizaciones llevaron a cabo 41 reuniones de consulta sobre el PND entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre del 2014 se unificaron las propuestas. El 9 de junio se aprueba el PND 2014-2018 mediante Ley 1753 de 9 de junio. En el artículo 5, párrafo 3 se establece un presupuesto de entre 8 y 11 billones de pesos para acciones orientadas a garantizar los derechos constitucionales, la pervivencia y permanencia física y cultural de los Pueblos Indígenas de Colombia, su bienestar, el reconocimiento de la vocación de protección ambiental de sus territorios y el goce efectivo de sus derechos colectivos y fundamentales. El 22 de febrero de 2016, la Contraloría General de la República advirtió del riesgo que existe de que no se cumplan los acuerdos entre el gobierno y los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre los niveles anuales de inversión destinados a los pueblos y comunidades indígenas y otros 169 incluidos en el PND

Consulta previa para los bloques petroleros 20 y 29

Se trata de una Consulta previa que comenzó en septiembre de 2003 y finalizó en noviembre de ese mismo año. Tuvo como objetivo licitar las actividades hidrocarburíferas de los bloques petroleros 20 y 29. Se consultó alrededor del 70% de las comunidades indígenas afectadas y el plazo para informar y consultar a esta población fue de 60 días. Una parte de la información fue proporcionada en castellano. Para la realización de la consulta, 30 facilitadores Kichwas, capacitados por técnicos de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), debían informar en talleres a los dirigentes de las comunidades que, a su vez, debían organizar asambleas en sus comunidades para transmitir la información recibida. Estos facilitadores locales fueron formados en 6 días. Además, se formaron 13 asambleas intercomunitarias compuestas por un equipo de la UPS y presidentes de las federaciones y juntas parroquiales donde se analizó y debatió el proyecto de licitación. Algunos observadores afirman que algunos sectores declararon nulo el proceso de consulta y que varias comunidades indígenas no fueron incorporados en los resultados de la consulta de la UPS. Hubo pronunciamientos contrarios a la actividad petrolera. Finalmente, el 44% de la población indígena de los dos bloques dieron su consentimiento para la realización de las actividades hidrocarburíferas.

Construcción de un ferrocarril en Sierra Nevada de Santa Marta

La empresa brasileña CCX tenía planificado llevar a cabo un proyecto minero integrado que constaría de 2 minas a cielo abierto: Cañaverales y Papayal, una mina subterránea, un puerto para el embarque de carbón, una vía férrea de 150 kilómetros para comunicar el puerto con las minas, y carreteras para el paso de tractomulas en Rioancho (Dibulla). En junio de 2012 la empresa acordó con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta hacer una pre-consulta con una duración de 1 año. Sin embargo, los líderes indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta consideraron que se partía de una falta de respeto hacia sus derechos puesto que el título minero para una de las minas ya se había concedido sin un proceso de consulta previa. A su vez, destacaron que se había incumplido el ordenamiento jurídico nacional e internacional así como el principio de buena fe. Se partía de una situación de desigualdad entre los pueblos indígenas y la empresa que el gobierno no ayudó a paliar. De acuerdo con fuentes empresariales, el proyecto se enfrentó a una coyuntura difícil influido por la caída de los precios del carbón pero también por los retrasos sufridos en los procesos de consultas previas. La Cámara Colombiana de Minería subrayó el alto coste de los procesos de consulta y estimó que el proceso realizado por CCX podría ascender a $4.000 millones para cubrir más de 400 reuniones entre los directivos de CCX y los 21 grupos indígenas que hay en la zona de acuerdo con las instrucciones del gobierno. Además cabía la posibilidad de tener que repetir las consultas si estas no se realizaban correctamente con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. Fuentes del mundo empresarial también señalaron la falta de coordinación entre los distintos ministerios del gobierno y los episodios de secuestros de trabajadores mineros por parte de grupos armados como el ELN. La presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM) indicó entonces que había mucho camino por recorrer en el tema de las consultas previas, en la agilización de los permisos ambientales y en garantizar una mejor estabilidad jurídica para los inversores. En enero del 2013, CCX decide suspender la construcción de puerto de Dibulla y el ferrocarril, coincidiendo con la paralización del plan de expansión P60 de Cerrejón (otra empresa minera operando en la zona).

Exploraciones Sísmicas

La Guajira ha vivido una larga historia de conflictos en torno a proyectos de desarrollo económico que no han contando con el consentimiento del Pueblo Wayuu. El 26 de febrero de 2013 la Asociación de Autoridades Tradicionales de Jepira, que representa a varias comunidades indígenas de la Alta Guajira, manifestaron su negativa al proyecto de exploración sísmica Camuro 3DRC-12 Occidental por parte de Repsol y Ecopetrol. La Asociación de Autoridades Tradicionales de Jepira consideraron que “el proceso de supuesta socialización, preconsulta y consulta, se está llevando a cabo de manera acelerada y ejerciendo presión sobre las comunidades.” En marzo del 2014, Repsol firmó un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Minas y el Ministerio de Vivienda, con acompañamiento de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. El acuerdo se produce en el marco de consulta previa del proyecto Exploración Sísmica 2DRC 12 Oriental - Zona Sur a través del cual se beneficiarían 17 comunidades Wayuu que residen en los corregimientos de Puerto Estrella y Nazareth de la Alta Guajira y han solicitado participar en un Plan de Beneficio para las Comunidades (PBC). Repsol destinará recursos para implementar medidas centradas en mejorar el acceso al agua potable. Estas acciones se producen en un contexto de riesgo para los derechos humanos ante el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aprobado medidas cautelares para proteger a los niños Wayuu y asegurar su acceso a agua potable y otras necesidades básicas. A principios del 2015 la brasileña Petrobras junto a Repsol, la estatal noruega Statoil y Ecopetrol realizaron importantes hallazgos de gas en el pozo Orca 1, bloque Tayrona, frente a La Guajira.

Programa nacional ONU-RED

La Autoridad Nacional de Ambiente de Panamá (ANAM) presentó una propuesta para la preparación nacional REDD+ al Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) y ONU-REDD en junio del 2009. Tanto la FCPF como ONU-REDD solicitaron a Panamá garantizar la participación de las partes interesadas. Las agencias de la ONU trabajaron por un periodo de tres semanas, con los representantes de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), para revisar la propuesta e incluir sus prioridades entre las cuales estaba la ratificación del Convenio No. 169 y el reconocimiento legal y titulación de sus territorios. Se esperaba que COONAPIP sería responsable de la consulta y desarrollo de capacidades de los pueblos indígenas. Sin embargo, la COONAPIP no era un ente legal autorizado para recibir fondos y no era aceptado por todos los constituyentes como organización encargada de la implementación en los territorios. Por otra parte, los compromisos del Estado hacia las prioridades indígenas no estaban claros. En febrero 2013, COONAPIP alegó que no se estaban respetando los derechos indígenas y anunció su retirada del programa ante lo cual éste quedó suspendido en marzo del 2013. Naciones Unidas encargó una investigación independiente que concluyó que era necesario garantizar un proceso participativo adecuado con funciones y responsabilidades claras y una mejor inclusión de los pueblos indígenas en la ejecución de las actividades. La ANAM planteó el compromiso de continuar con la preparación del Programa ONU-REDD Panamá en colaboración con la COONAPIP y ambos elaboraron una Agenda Medioambiental con un marco de resultados revisado del Programa Nacional. La evaluación también concluyó que las Directrices ONU-REDD sirvieron como salvaguardas para garantizar la consulta pero no proporcionaron un adecuado control de calidad en el diseño del programa. El gobierno de Panamá se comprometió a llevar a cabo un Plan de Participación Pública (PPP) con los afrodescendientes, las comunidades campesinas, y las organizaciones e instituciones públicas privadas y sociales vinculadas con la gestión del bosque, en el que tienen un papel central y diferenciado los pueblos indígenas. Se acordó con COONAPIP la metodología e instrumentos financieros para que el proceso de consulta en los pueblos indígenas sea autogestionado y basado en el respeto a las autoridades tradicionales.

Programa Nacional ONU-RED

La Autoridad Nacional de Ambiente de Panamá (ANAM) presentó una propuesta para la preparación nacional REDD+ al Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) y ONU-REDD en junio del 2009. Tanto la FCPF como ONU-REDD solicitaron a Panamá garantizar la participación de las partes interesadas. Las agencias de la ONU trabajaron por un periodo de tres semanas, con los representantes de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), para revisar la propuesta e incluir sus prioridades entre las cuales estaba la ratificación del Convenio No. 169 y el reconocimiento legal y titulación de sus territorios. Se esperaba que COONAPIP sería responsable de la consulta y desarrollo de capacidades de los pueblos indígenas. Sin embargo, la COONAPIP no era un ente legal autorizado para recibir fondos y no era aceptado por todos los constituyentes como organización encargada de la implementación en los territorios. Por otra parte, los compromisos del Estado hacia las prioridades indígenas no estaban claros. En febrero 2013, COONAPIP alegó que no se estaban respetando los derechos indígenas y anunció su retirada del programa ante lo cual éste quedó suspendido en marzo del 2013. Naciones Unidas encargó una investigación independiente que concluyó que era necesario garantizar un proceso participativo adecuado con funciones y responsabilidades claras y una mejor inclusión de los pueblos indígenas en la ejecución de las actividades. La ANAM planteó el compromiso de continuar con la preparación del Programa ONU-REDD Panamá en colaboración con la COONAPIP y ambos elaboraron una Agenda Medioambiental con un marco de resultados revisado del Programa Nacional. La evaluación también concluyó que las Directrices ONU-REDD sirvieron como salvaguardas para garantizar la consulta pero no proporcionaron un adecuado control de calidad en el diseño del programa. El gobierno de Panamá se comprometió a llevar a cabo un Plan de Participación Pública (PPP) con los afrodescendientes, las comunidades campesinas, y las organizaciones e instituciones públicas privadas y sociales vinculadas con la gestión del bosque, en el que tienen un papel central y diferenciado los pueblos indígenas. Se acordó con COONAPIP la metodología e instrumentos financieros para que el proceso de consulta en los pueblos indígenas sea autogestionado y basado en el respeto a las autoridades tradicionales.

Mesa Nacional de Desarrollo, Panamá

Teniendo en cuenta los diversos conflictos suscitados en el país a partir de la adopción de leyes que afectaban los derechos de los pueblos indígenas sin consulta previa ni participación directa de las autoridades tradicionales, se realizó un proceso de diálogo entre el Estado y los representantes de la Comarca Ngäbe Buglé entre los meses de enero y marzo de 2012, con la mediación de la iglesia católica y la facilitación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El resultado del diálogo fue la adopción del Acuerdo Político de 15 de marzo de 2012. Durante el 2013 y 2014 se procedió a elaborar el Plan de Desarrollo a lo largo de tres etapas: de consulta, redacción del documento y validación. Las autoridades tradicionales de cada Pueblo realizaron un total de 94 consultas en las comunidades entre marzo y julio de 2013. La fase de redacción la realizó un Comité de redacción conformado por un experto de Naciones Unidas y un equipo de asesores indígenas nombrados por las autoridades tradicionales, con la supervisión del Estado a través del Ministerio de Gobierno de Panamá (MINGOB). La propuesta se sometió a validación y aprobación final de la Mesa el 3 de septiembre de 2013. Las autoridades tradicionales validaron la propuesta durante el mes de septiembre de 2013 y la entregaron al Gobierno Nacional para llevarlo a la Asamblea legislativa. El Plan tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas. Contiene un diagnóstico de la situación de los siete pueblos, un compendio del marco legal nacional e internacional que les ampara, y una estrategia de desarrollo económico, social y político, que incluye la seguridad territorial, la sostenibilidad ambiental y la diversidad cultural, entre otros aspectos. El plan contiene ejes políticos y jurídicos, económicos y sociales, que han de orientar los programas del Estado y la comunidad internacional. Los pueblos indígenas manifestaron que el Plan es un documento en el que por primera vez se utilizó el mecanismo de consulta y pretenden apropiarse del documento al haber sido acordado por ellos. En abril del 2014, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley N° 709 que crea el Consejo Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Panamá. La implementación del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios se está llevando a cabo a través de varios proyectos como el Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades, que superan los 300 millones de dólares. Durante su visita del 2013, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas afirmó que la elaboración del Plan de Desarrollo Integral Indígena podría ser una buena práctica si se le dota de fondos suficientes.

Proyecto hidroeléctrico Diquis, Costa Rica

El Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED), propuesto por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) incluye una represa que afectaría los territorios indígenas de China Kichá ubicado en Pérez Zeledón y Ujarrás, Salitre, Térraba, Cabagra, Rey Curré y Boruca ubicados en Buenos Aires, así como el territorio indígena Coto Brus (La Casona) ubicado en Coto Brus. En el caso del Pueblo Teribe, se inundaría y afectaría aproximadamente el 10 por ciento de su territorio y se contrataría a miles de trabajadores para la construcción de las instalaciones. Para los otros pueblos indígenas afectados, los impactos serían menores pero aún importantes. Al menos el 80 por ciento del territorio Térraba se encuentra ocupado por personas no indígenas. El PHED generaría el 80% de electricidad del país y abastecería a 1 millón de hogares. Ya en 1996, la Defensoría de los Habitantes recomendó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informar y consultar a los pueblos indígenas sobre el proyecto hidroeléctrico. El ICE efectuó una serie de estudios y obras en 20 hectáreas de la reserva indígena, en terrenos protegidos por ley. La ausencia de una consulta previa motivaron que la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba interpusiera una demanda que vino a parar las obras del proyecto. Durante una visita del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en el 2011 todas las partes coincidieron en la necesidad de llevar a cabo un proceso de consulta previo a la aprobación del proyecto aunque la consulta debería haberse iniciado antes de comenzar los estudios técnicos y las primeras obras. El Relator Especial también consideró que se debía avanzar en un mecanismo para la recuperación de tierras. El proceso de participación pública, diferenciado del indígena, en virtud de la Ley Orgánica del Ambiente se realizó durante el 2013 comprendiendo a 29 comunidades que participaron en un diálogo y negociación. En julio de 2015, la Defensoría de los Habitantes pidió al Estado que garantizara la consulta indígena y que se defina una instancia estatal encargada a estos efectos a pesar de que no exista normativa interna en esta materia. La página Web de bienvenida del proyecto indica que éste se encuentra en etapa de “Preinversión. De acuerdo con esta fuente, se realizaría un proceso de consulta de acuerdo con la normativa internacional con los pueblos indígenas que se encuentran dentro del Área de Influencia Directa: Térraba y China Kichá, por afectación a su territorio en 850.8 y 97.35 hectáreas respectivamente; y los territorios de Curré y Boruca, cuya afectación estaría relacionada con cambios en el caudal del río Grande de Térraba. Además se establecería diálogo con los territorios de Ujarrás, Salitre y Cabagra ya que se sitúan en importantes zonas de recarga acuífera. La consulta indígena aún no ha comenzado y persiste la oposición indígena al proyecto. El 25 de noviembre del 2015 un tribunal desestimó la demanda contra el ICE por haber realizado actividades previas a la ejecución del PHED en territorio indígena. El gobierno prevé definir la metodología y la fecha para una consulta a las comunidades indígenas durante el 2016. La consulta indígena es clave para completar el estudio de impacto ambiental que debe avalar la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y para lograr financiamiento. Está previsto que la construcción se inicie en el 2018, con el fin de que el proyecto pueda estar operativo en el año 2025. El Gobierno ha afirmado que quiere que dicha iniciativa no se vea solo como una represa, sino como algo que va más allá y engloba a un conjunto de proyectos de desarrollo de toda la Zona Sur del país y los pueblos indígenas. El 26 y 27 de noviembre de 2015 se realizaron los 2 talleres con funcionarios estatales con “el objeto de generar una base institucional con capacidades para la elaboración de un mecanismo de consulta”. El Gobierno ha afirmado que emitirá un “instrumento normativo” para regular una plataforma de diálogo con los pueblos indígenas.

Programa Regional GIZ de Conservación

La Cooperación Técnica Alemana (GIZ) promovió la consulta con varios pueblos indígenas en el territorio del Biocorredor Mesoaméricano con el objetivo de lograr el acuerdo sobre la ejecución de un Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Local. El proceso transcurrió entre enero y septiembre del 2013. Finalmente se alcanzó un acuerdo y el consentimiento para llevar a cabo el Programa que comenzó en marzo del 2014. El Programa aspira a identificar acciones para la gobernanza territorial de los pueblos y apoyar la creación de una reserva de biosfera transfronteriza. La iniciativa ha tomado como base las experiencias adquiridas a partir de otros programas de cooperación técnica realizados en Nicaragua y Honduras.

Mina Marlín

La mina Marlin de extracción de oro y plata subterránea y a cielo abierto inició sus operaciones en Guatemala el 2005 después de obtener una licencia de explotación otorgada en el 2003. La empresa canadiense GoldCorp compró los derechos a las tierras por medio de negociaciones individuales que derivaron en conflictos entre titulares de derechos privados y derechos colectivos. Tras una licencia otorgada por el Gobierno Guatemalteco, la mina Marlin –operada por Montana Exploradora, una subsidiaria de Goldcorp- comenzó sus operaciones sin una consulta comunitaria previa en la comunidad de San Miguel Ixtahuacán en el Oeste de Guatemala. Actualmente se dice que la mina Marlin es considerada la mina más lucrativa que Goldcorp posee a nivel mundial. Además del impacto en los derechos territoriales colectivos de las comunidades Maya, se ha alegado también daño al derecho a la salud de las comunidades y al medio ambiente alegando que la explotación minera generó un gran impacto, especialmente por la contaminación del agua del río Tzalá y sus afluentes. La empresa sostuvo algunas consultas pero estas no se consideraron de acuerdo con los estándares internacionales por parte de las comunidades ni, posteriormente, por parte de mecanismos internacionales como el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Relator también apreció que la Corporación Financiera Internacional (CFI) no actuó con la diligencia debida en su revisión inicial conducente al financiamiento del proyecto. Ante este escenario las comunidades fueron informándose mediante foros, intentaron detener la operación de las maquinarias y realizaron consultas comunitarias. La gran mayoría de los residentes que participaron en la “consulta comunitaria” se pronunciaron en contra del proyecto. La empresa impugnó la consulta ante la Corte de Constitucionalidad, la cual declaró que el resultado de la consulta no era vinculante, debido a que la obligación de llevar a cabo consultas a las comunidades afectadas por proyectos corresponde al Gobierno central y no a los municipios. El Consejo Municipal de San Miguel Ixtahuacán, donde se ubica el 85% del área del proyecto y el grueso de las actividades de la mina, incluyendo la totalidad de las operaciones extractivas, no ha convocado una consulta comunitaria. El gobierno sostuvo que las consultas de buena fe son válidas pero que “éstas deben ser convocadas y realizadas por los entes administrativos que tienen competencia acerca de los asuntos sobre los que versa la consulta”. El 20 de mayo de 2010, la CIDH solicitó al Gobierno la suspensión del proyecto Marlin I. En abril del 2014, la CIDH emitió un informe de admisibilidad del caso. La mina finalizará operaciones en el 2017. El cierre de Marlin significará la salida de la empresa del país centroamericano ante el deterioro de las condiciones de inversión incluyendo un descenso de los precios del oro.

Parque eólico de Oaxaca

Desde el 20 de octubre de 2014, el proyecto eólico de la empresa Energía Eólica Sur estuvo sometido a una consulta que realizó la Secretaría de Energía (SENER), debido a que las construcciones podrían afectar los derechos e intereses colectivos de las comunidades indígenas. Después de presenciar la instalación de 21 parques eólicos en el Istmo, la comunidad indígena del municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, pudo expresar su opinión acerca de la instalación de torres con aerogeneradores para la generación de 396 MW de energía eléctrica en su territorio con una inversión de 14,454 millones de pesos. Al cabo de dos años de trámites y negociaciones el proyecto fue aprobado. De acuerdo con fuentes de SENER, la consulta se realizó durante ocho meses mediante 30 asambleas en fases de acuerdos, informativas, deliberativas y consultivas, en donde participaron más de 1,300 representantes de la comunidad indígena. Entre los acuerdos destaca “la implementación de una estrategia de sustentabilidad energética en apoyo a la comunidad que promueva el uso de energías limpias y la eficiencia energética, mediante proyectos de corto, mediano y largo plazo”. Aunque se afirmó que el proyecto sería consensuado con las comunidades, el parque eólico ya había obtenido autorización el 24 de junio de 2014. En contraste con el gobierno que consideró el proceso como un hecho sin precedentes en Oaxaca, varias organizaciones no gubernamentales y la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) calificaron el proceso de viciado. Denunciaron haber sufrido amenazas y hostigamiento. Por ello, la APPJ y la organización Prodesc interpusieron un recurso de amparo en el Séptimo Distrito Federal en Salina Cruz. El amparo fue concedido por el juez el 11 de diciembre de 2015 y se determinó la suspensión definitiva del proyecto. El anterior Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas fue invitado por el gobierno de México como observador y destacó la complejidad del contexto en el que tuvo lugar la consulta y la existencia de dos procesos paralelos uno en el que negociaron actores políticos y otro en el que se consulta a la comunidad mediante asambleas públicas. Recomendó utilizar metodos pedagógicos más efectivos para transmitir la información.

Proyecto hidroeléctrico en Puebla

En el 2015 la Secretaría de Energía (SENER) llevó a cabo un Plan de Consulta en relación a un proyecto hidroeléctrico en la Sierra Norte de Puebla, una zona de gran relevancia para proyectos de industrias extractivas e hidroeléctricos donde se han otorgado muchas concesiones de explotación. En el 2013, la Comisión Reguladora de Energía había otorgado un permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica identificando a beneficiarios de la electricidad generada (por ejemplo, las empresas Nuevo Walmart de México, Suburbia, Operadora Vips o Waldos Dólar). El 24 de abril de 2015 representantes de la empresa y de la Secretaría de Energía (Sener) y personal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) comenzaron una consulta en San Miguel Tepatlán. Una de las inquietudes de los representantes de los ayuntamientos fue que las comunidades rechazaran el proyecto. La SENER contestó que el objetivo de la consulta no es buscar una respuesta positiva o negativa, sino llegar a acuerdos con las comunidades afectadas de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT. Tras cuestionar la legalidad del proceso de consulta, el 5 de julio de 2015, los pobladores de San Felipe Tepatlán rechazaron la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1 y conminaron al alcalde a revocar el permiso de uso de suelo para tal fin. El Consejo Tutunakú en defensa del río Ajajalpan declaró su rechazo al proyecto por sus graves impactos ecológicos, la inundación de tierras de cultivo, el riesgo que la obra significa para los manantiales y peligro para la supervivencia cultural. Ante la denegación de la SENER de proporcionar información sobre el proceso, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) determinó que esta información era pública y se debía facilitar toda la documentación sobre el proceso habida cuenta de que esta tiene como objetivo garantizar el respeto y reconocimiento de los derechos colectivos. El principal problema ha sido la división de las comunidades, las divisiones entre familias y vecinos. Se ha denunciado que la consulta ha sido un instrumento para legalizar el despojo de tierras, agua y recursos naturales a las comunidades indígenas Tutunaku y Nahua. Las organizaciones sociales anunciaron que llevarían el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Consulta sobre las prioridades de desarrollo de la Comunidades Indígenas y Afrodescendientes

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) realizó una consulta sobre las Prioridades de Desarrollo de las Comunidades Indígenas y Afrodescendientes en el marco de las acciones emprendidas por el Gobierno Federal con el fin de construir el Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, y el Programa Especial de los Pueblos Indígenas (PEPI). De las 12630 propuestas recibidas se realizó una primera sistematización para agruparlas por temas y subtemas, como se ha explicado anteriormente. Posteriormente, se realizó una redacción que conjuntara cada subgrupo temático con el mayor detalle posible y bajo la encomienda de conservar la mayor literalidad y sentido de las propuestas. Por otro lado, las propuestas fueron ordenadas en un sentido de importancia por la relevancia de la demanda o por su incidencia. La consulta trata de incorporar en la agenda nacional las necesidades y expectativas de los pueblos indígenas teniendo en cuenta sus derechos y su cultura: a) Derechos: aquí nos encontramos con el acceso a la justicia (garantizar el derecho a la justicia indígena desde el respeto a los sistemas normativos internos; asegurar la efectiva defensa de los indígenas con la obligación de que hablen su lengua; crear una ley de coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la indígena, etc). La armonización legislativa (incorporar y dar cumplimiento a los acuerdos de san Andrés Larráinz; reformar el art. 2 de la Constitución, etc.), el derecho de consulta (generar un procedimientos o mecanismos para ejercer el derecho a la consulta previa libre e informada; destinar los medios económicos necesarios para implementar la consulta; dar a conocer a todos los pueblos los resultados de la consulta; imponer sanciones más fuertes a quien no consulte; etc.), impulsar la difusión de los derechos de los pueblos indígenas. b) Patrimonio Cultural: promover su defensa a través de de políticas orientadas a su preservación. c) Sistemas normativos internos: respetar y promover el reconocimiento jurídico de su organización social y la administración de justicia por parte de las comunidades; promover a las policías comunitarias para salvaguardar la seguridad interna, etc. d) Medio ambiente: dentro nos encontramos con la conservación de la biodiversidad, la contaminación, ecotecnias, explotación de los recursos naturales,etc. e) Migración: impulsar la generación de fuentes de empleo, establecer programas de apoyo a indigenas emigrantes que residen permanentemente fuera de su comunidad, incremento de los salarios de los jornaleros, etc. f) Educación: aquí nos encontramos medidas para la educaron intercultural y bilingüe, para la mejora de los servicios educativos, para los comedores y albergues escolares indígenas, para la profesionalización, etc. g) Desarrollo económico: dentro esta el desarrollo del campo (apoyar la comercialización de los productos de los pueblos indígenas; crear e impulsar proyectos productivos, impulsar la tecnificación y mecanización del campo etc.), del turismo ecológico, del empleo… h) Tierras y territorios: este espacio se encarga de garantizar los derechos agrarios, el territorio y los sitios sagrados, intentar erradicar el alcoholismo y la drogadicción, el fomento de la actividad física y de la medicina tradicional, la salud sexual y reproductiva, etc. i) Equidad y género: Promover talleres sobre equidad de género, salud reproductiva… y generar programas adecuados de protección a las mujeres víctimas de violencia de género.

Lineamientos para otorgar concesiones en materia de telecomunicaciones

El 14 de julio de 2014, se publicó el Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y se reforman varias disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó incluir dentro de los lineamientos generales los requisitos previstos para el otorgamiento de concesiones de uso social comunitarias e indígenas, así como la obligación del Instituto de prestar asistencia técnica a los interesados en obtener una concesión. La consulta indígena sobre los lineamientos se llevó a cabo entre abril y julio del 2015 en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígena (CDI), como instancia de consulta obligada en materia indígena. Se acordó que las concesiones tienen las siguientes finalidades: -    La promoción, desarrollo y preservación de las lenguas indígenas -    La promoción, desarrollo y preservación de la cultura indígena. -    La educación. Además, se establecen pautas determinadas como la claridad en el objeto de las concesiones es un requisito, la libertad de expresión, libertad programática y libertad editorial de concesiones de uso social indígena. Se incluyó la posibilidad de que varias comunidades asociadas entre sí puedan solicitar una concesión de uso social indígena, así como a referencia expresa a que comunidades indígenas migrantes puedan solicitar una concesión. También se establecen mecanismos para la evaluación y verificación de las concesiones de uso social indígena.